“…que de las propias actas notariales surge que la reunión en elsalón azul se llevó a cabo con la presencia de diecisiete personas que integrarían la CEN, es decir un número menor al exigido para que se hubiera podido constituir dicha comisión según el estatuto. Dicha reunión finalizó a las 17 hs. Es cierto que en el acta Nro. 117 surge que, ante el pedido del Sr. Micheli un grupo de personas que se desempeñarían como Secretarios Generales de las Organizaciones Nacionales y que formarían parte de la CEM, ratifican dicha convocatoria, pero lo cierto es que ello ocurrió a las 17,30 hs., cuando ya había finalizado la reunión que fijó como fecha de elecciones complementarias el 9/12, por lo que no habían participado de la deliberación y “ratificaron” una vez que había cerrado el acto y ya se había adoptado una decisión sin la mayoría indispensable para sesionar, deliberar y decidir.”
“…el quórum es un recaudo exigible también en el momento en que se abre el acto y no puede ser purgado con posterioridad.”
“…el rechazo del orden del día y la pretendida reformulación de la finalidad de la reunión, invocando una “moción de orden” (que exige un pronunciamiento de quien preside la reunión y debe estar referido al modo que se lleva a cabo el debate, al mantenimiento del orden, al cumplimiento de normas de procedimiento pero no al rechazo del orden del día), constituyó una modificación sustancial de la convocatoria que afecta su propia eficacia e impide considerar que sea apta para convalidar el acto anterior de por sí inválido por no provenir de la voluntad del ente ideal.”
Finalmente, comparto plenamente la conclusión a la que arriba el Fiscal General en cuanto considera que, en pos de la transparencia de la voluntad colectiva y la tutela de la democracia sindical, no cabría mantener un acto electoral complementario que no habría sido convocado conforme las exigencias del estatuto social y -agrego- que, en definitiva, puede teñir el resultado final de un acto comicial frente a quienes son sus afiliados y se sienten representados por la Central de Trabajadores Argentinos.”

Poder Judicial de la Nación
SENTENCIA N° 95582 CAUSA N° 51.586/2010 SALA IV “CENTRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ARGENTINA CTA C/ JUNTA ELECTORAL NACIONAL DE LA CTA S/ ACCION DE AMPARO” JUZGADO N°25


Continuación

En definitiva, el único medio para conocer la “voluntad” de una persona de existencia ideal es verificar si se acató la norma que regula su vida interna respecto de la toma de decisiones.
En la especie se observa que a las 16.40 hs. del día 25 de noviembre de 2010 diecisiete personas se reúnen y deciden convocar a elecciones para el 9 de diciembre de 2010, según acta notarial que obra en la causa. Ahora bien, se debe tener en consideración que el art. 15 del estatuto dice que “CTA estará dirigida y representada por una Comisión Ejecutiva Nacional compuesta por veinte (20) secretarías y quince (15) vocalías titulares, cuya función será reemplazar por orden correlativo en caso de ausencia temporaria o definitiva a cualquier integrante del Secretariado Ejecutivo. Formarán parte de la Comisión Ejecutiva además, las Secretarías Generales de las Organizaciones Nacionales pertenecientes a la Central”. Y el art. 17 establece que la “Comisión Ejecutiva Nacional…podrá sesionar legalmente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones serán adoptadas por simple mayoría”.
Así las cosas, no hay dudas que la reunión del 25 de noviembre a que hace referencia el acta notarial Nro. 116 carecía del número mínimo indispensable para que pueda ser considerado que estaba funcionando la Comisión Ejecutiva Nacional. No soslayo lo que surge del acta nro. 117, pero lo cierto es que de las propias actas notariales surge que la reunión en el salón azul se llevó a cabo con la presencia de diecisiete personas que integrarían la CEN, es decir un número menor al exigido para que se hubiera podido constituir dicha comisión según el estatuto. Dicha reunión finalizó a las 17 hs. Es cierto que en el acta Nro. 117 surge que, ante el pedido del Sr. Micheli un grupo de personas que se desempeñarían como Secretarios Generales de las Organizaciones Nacionales y que formarían parte de la CEM, ratifican dicha convocatoria, pero lo cierto es que ello ocurrió a las 17,30 hs., cuando ya había finalizado la reunión que fijó como fecha de elecciones complementarias el 9/12, por lo que no habían participado de la deliberación y “ratificaron” una vez que había cerrado el acto y ya se había adoptado una decisión sin la mayoría indispensable para sesionar, deliberar y decidir.
Tal como lo señala el Sr. Magistrado de grado y el Sr. Fiscal General, el quórum es un recaudo exigible también en el momento en que se abre el acto y no puede ser purgado con posterioridad.
De acuerdo a lo expresado, en mi criterio, dicha reunión incumple con los requisitos previstos en el propio estatuto que, como tal, constituye “la ley interna de la asociación”, es de carácter general e imperativo y reglamenta la vida de la asociación sindical. A ello he de agregar que dicha reunión fue presidida por uno de los Secretarios Adjuntos y no por el Secretario General. El art. 18 del estatuto admite que el secretario adjunto -en la especie son dos, pero la norma no hace distinción alguna- puede reemplazar al secretario general en su ausencia. Aunque, en el caso y conforme las actas notariales antes mencionadas, el Secretario General estaba en el edificio en el que se desarrolló la reunión pero no en el mismo salón y piso, lo que podría generar, además alguna duda acerca de las facultades del secretario adjunto para representar a la CEN.
Así las cosas, no puede sostenerse que lo decidido en una reunión que no ha cumplido con los recaudos de su estatuto social, manifieste la voluntad del ente.
Ahora bien, no comparto lo sostenido por la parte actora en cuanto afirma que la reunión del 25 de noviembre era nula de “nulidad absoluta” y por ende imposible de ser convalidada. Ello así pues, en derecho civil, pocos son los supuestos en que corresponde incluir en dicha categoría. Obsérvese que, tal como lo ha sostenido Vélez Sarsfield (citado en Código Civil y leyes complementarias” dirigido por Belluscio, T. 4 Ed. Astrea pág. 713) “las nulidades absolutas son aquellas que tienen por causa un interés público”. En definitiva, las nulidades absolutas tienden al interés colectivo o general que está en juego en una sociedad en un momento determinado y el art. 1047 admite incluso que sea declarada de oficio por el Juez.
No es el caso de autos. Podría discutirse si, como se alega en el memorial recursivo de fs. 317/346 se trataría de un acto inexistente. En verdad, la doctrina civilista está dividida al respecto pues prestigiosos doctrinarios sustentan su admisibilidad y rechazo son similar énfasis. Belluscio (ob. cit. pág. 680) al igual que Llambías, aceptan esta categoría como diferente de la nulidad de los actos jurídicos y sostienen que dicha teoría se sustenta en una construcción racional, lógico-jurídica pues el acto carece de un elemento esencial, de un órgano vital, de suerte que no responde ni siquiera a la definición genérica que de él da la ley. Se trata de una inexistencia jurídica. Así el acto inexistente no llega a configurar un acto jurídico, aunque aparente serlo, por ausencia de algún elemento esencial referente al sujeto, al objeto o a la forma.
Sin embargo, a mi juicio, resulta innecesario examinar si en la especie efectivamente la reunión del 25 de noviembre de 2010 puede incluirse en la categoría mencionada pues aun cuando consideremos que, como se señala en primera instancia, se trata de un acto de nulidad relativa, entiendo que no puede concluirse que la reunión del 9 de diciembre convalidó dicho acto.
Antes de explicar las razones que justifican la afirmación anterior creo necesario mencionar los hechos ocurridos a partir de la reunión del 25 de noviembre. Llega sin cuestionar a esta etapa que el Sr. Hugo Yasky, apoderado de la Lista 10, impugnó mediante carta documento del 03/12/2010 (ver reconocimiento de fs. 218) la convocatoria a elecciones complementarias -resolución de fecha 1ro de diciembre- ante la Junta Electoral Nacional.
Cabe recordar, a esta altura del relato, que no se encuentra controvertido en las presentes actuaciones que el Sr. Hugo Yasky convocó al CEN a una reunión para el día 9 de diciembre (ver audiencia confesional, fs. 214) en los siguientes términos: “ Disponer la Convocatoria a Elecciones Complementarias de Comisiones Ejecutivas Nacionales y Provinciales…con el alcance y las pautas que surgen inequívocamente de las resoluciones del Tribunal Autónomo Arbitral, que se encuentran firmes y consentidas por todos los organismos y afiliados de la central…proponiéndose a tal efecto, en cumplimiento del plazo de resolución y publicación previsto en el art. 15 del decreto 467/88 y en garantía de la participación democrática y plural de los afiliados, la fecha 17 de marzo de 2011…”.


FINAL



Del acta notarial que obra a fs. 64/66 del expediente agregado por cuerda surge que, leído el orden del día y solicitado por Yasky que se vote lo planteado para las elecciones complementarias de marzo de 2011, el Sr. Pablo Micheli toma la palabra y luego de efectuar algunas manifestaciones rechaza el orden del día y plantea que se dé por válida las elecciones de ese día. El Sr. De Gennaro plantea moción de orden para que se ratifiquen las elecciones dispuestas para ese mismo día -09/12/2010- en la sesión del 25 de noviembre de 2010. El Sr. Yasky solicita que se vote por la aprobación de la fecha 16 de marzo de 2011 sugerida en el orden del día. Votan por la aprobación de la moción del Sr. De Gennaro dieciséis personas y quince personas ratifican la propuesta del Sr. Yasky.
Tampoco está discutido que, con fecha anterior a dicha sesión, el 6 de diciembre de 2010, el Ministerio de Trabajo -expediente Nro. 1407454/10- desconoció la validez de la convocatoria y de la eventual realización de elecciones complementarias en el ámbito de la CTA para el día 9 de diciembre de 2010 porque consideró que no se había acreditado la celebración, con la presencia exigida por el Estatuto, de la reunión de Comisión Ejecutiva Nacional del 25 de noviembre de 2010 ni la resolución de convocatoria a elecciones complementarias para el 9 de diciembre en la forma prevista en la carta orgánica. Frente al planteo del Sr. Yasky, el Sr. Micheli solicitó ante la Justicia Nacional del Trabajo una medida cautelar pidiendo que se ordene a la autoridad administrativa que se abstenga de pronunciarse sobre el tema, pero antes de que se pudiera resolver la cuestión, ésta devino abstracta -tal como lo resolvió la Sra. Magistrada Dra. Pasten- frente a la decisión adoptada por la autoridad administrativa. Dicha decisión fue notificada y de hecho el Sr. Pablo Micheli la acompaña en el expediente judicial agregado por cuerda, con fecha 7 de diciembre de 2010.
El Juez anterior consideró que la solución que había adoptado tornaba abstracto su tratamiento, lo que originó las quejas de todos los sujetos involucrados.
Como antes dije, se sostiene en primera instancia que la convocatoria para el día 9 de diciembre de 2010 y la ratificación por la mitad más uno de los votos, de los comicios establecidos para esa fecha, convalida la reunión celebrada con fecha 25 de noviembre de 2010.
¿Cuál es el fundamento del Juez de grado para considerar que dicho acto fue convalidado? El hecho de que, tal como surge de las actas notariales adjuntadas en la causa, 16 (dieciséis) de sus miembros, frente a la “moción de orden” del Sr. Micheli, ratificaron las elecciones que se habían dispuesto para ese mismo día; en cambio fueron 15 (quince) los que votaron por mantener el orden del día.
A mi juicio, en consonancia con la opinión del Sr. Fiscal General, la conclusión a la que arriba el Juez de grado no se ajusta a derecho.
Varias son las razones que me llevan a sustentar esta afirmación. Ante todo observo que el art. 1059 del Código Civil admite la confirmación de un acto y lo define como aquel acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad, situación que no se da en la especie pues la votación había comenzado a realizarse con anterioridad a la convocatoria a dicha reunión, sin que hubiera sido adoptada con la voluntad de la CEN.
Además, tal como surge de los términos de la notificación que convoca a la reunión del 9 de diciembre de 2010, fueron notificados en forma expresa cada uno de los integrantes del CEN del contenido del “orden del día”, entre los temas a tratar estaba la fijación de una fecha de comicios complementarios para marzo de 2011. Sin embargo, dicha notificación no fue objeto de observación alguna por parte de los integrantes del CEN; no fue solicitado con anterioridad a la sesión, la modificación de su contenido así como tampoco se cuestionó la invocación de la necesidad de un plazo suficiente para su publicación. Tampoco siquiera se invocó la incorporación del tema luego tratado: la ratificación de las elecciones de ese 9 de diciembre.
Si nos atenemos al Estatuto Social, dicha norma no contiene disposición alguna al respecto. En efecto, no está contemplada tal situación. Si tenemos en consideración el régimen general en materia de asambleas podemos observar que, en principio, en el ámbito del derecho comercial es nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día. Además, la mención concreta de los asuntos a considerar, incluyéndolos en el orden del día, es esencial en el funcionamiento de órganos como la CEN pues tiende a evitar sorpresas a los integrantes del cuerpo y les da la posibilidad de concurrencia a las reuniones en que haya de debatirse y resolverse cuestiones que hagan a su interés.
Ello no es más ni menos que una manifestación concreta del principio de buena fe que debe regir en todas las relaciones humanas regladas por el derecho y que se encuentra especialmente mencionado y exigido en nuestro derecho del trabajo no sólo en el ámbito individual -art. 63 LCT- sino también y fundamentalmente a partir de la ley 25877, en el plano colectivo.
Desde tal orden de saber, el rechazo del orden del día y la pretendida reformulación de la finalidad de la reunión, invocando una “moción de orden” (que exige un pronunciamiento de quien preside la reunión y debe estar referido al modo que se lleva a cabo el debate, al mantenimiento del orden, al cumplimiento de normas de procedimiento pero no al rechazo del orden del día), constituyó una modificación sustancial de la convocatoria que afecta su propia eficacia e impide considerar que sea apta para convalidar el acto anterior de por sí inválido por no provenir de la voluntad del ente ideal.
Finalmente, comparto plenamente la conclusión a la que arriba el Fiscal General en cuanto considera que, en pos de la transparencia de la voluntad colectiva y la tutela de la democracia sindical, no cabría mantener un acto electoral complementario que no habría sido convocado conforme las exigencias del estatuto social y -agrego- que, en definitiva, puede teñir el resultado final de un acto comicial frente a quienes son sus afiliados y se sienten representados por la Central de Trabajadores Argentinos.
De conformidad con lo expresado, he de proponer que se revoque la sentencia recurrida sin que resulte necesario pronunciamiento alguno acerca del recurso incoado por el Ministerio de Trabajo -cuya legitimidad para recurrir en supuestos como el presente podría ser debatible- así como también por el Sr. Micheli y la Junta Electoral respecto del alcance del acto administrativo pues, tal como lo destaca el Sr. Fiscal General, no resultaría distinta la solución de no haber existido la decisión de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
La solución propuesta no implica, claro está, consagrar ganadora a ninguna de las listas, decisión que adoptarán oportunamente sus afiliados a través de sus votos.
IX-La nueva decisión me lleva a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCC). Al respecto, he de mantener la imposición de costas por el orden causado atento las particularidades de las cuestiones debatidas (art. 68 CPCC).
Por todo lo expuesto, y lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General del Trabajo, propongo: 1) Revocar lo resuelto en el punto I de la sentencia apelada y hacer lugar a la acción promovida por CTA declarando la nulidad de las elecciones complementarias llevadas a cabo el 9 de diciembre de 2010; 2) Confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declara abstracta la acción deducida contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; 3) Costas por el orden causado (art. 68 CPCC).
El doctor Héctor C. Guisado dijo:
Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.
Por ello, y lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General del Trabajo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar lo resuelto en el punto I de la sentencia apelada y hacer lugar a la acción promovida por CTA declarando la nulidad de las elecciones complementarias llevadas a cabo el 9 de diciembre de 2010; 2) Confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declara abstracta la acción deducida contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; 3) Costas por el orden causado (art. 68 CPCC).
Cópiese, regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles y oportunamente devuélvase.
HÉCTOR C. GUISADO SILVIA E. PINTO VARELA
Juez de Cámara Juez de Cámara
ANTE MI:
SILVIA SUSANA SANTOS
Secretaria